POBRE MI MADRE QUERIDA
El debate por los
dos principales CCD del conurbano sur, las Brigadas de Investigaciones de
Banfield y Quilmes, que cuenta con una veintena de represores imputados y más de
400 víctimas como caso, volvió a sufrir una postergación. Al parate judicial
planteado por las complicaciones de la pandemia de la Covid-19 y a la amenaza
de debates totalmente virtuales, se le sumó ahora la excusación de uno de los
jueces que debía moderar el juicio. El doctor Eduardo Farah se apartó de la
causa porque debe cuidar a su madre de 86 años internada con problemas motrices
y psiquiátricos lo cual, según él, sería “un impedimento moral
jurisprudencialmente admitido”. Más dilaciones del Estado que garantizan la
impunidad de los peores crímenes de nuestra historia.
Por HIJOS La Plata
Los juicios contra los genocidas responsables del Terrorismo de
Estado durante la última dictadura y el tercer gobierno peronista vienen siendo
lentos, se sabe. Muchos de los debates de lesa humanidad que debían retomar sus
audiencias o dar inicio este año quedaron en suspenso por la declaración
mundial de la pandemia por la Covid-19 y la sanción local en marzo pasado de
medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio, que produjo
un parate judicial total. Un impasse en un panorama de aletargamiento y pereza
del Estado para agilizar la realización de los juicios, que llevan más de 40
años de reclamo social de justicia y más de 14 de actividad judicial efectiva.
Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015,
el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos
ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la
impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción
de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios
extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las
domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
Ahora se suma un elemento que no por desopilante es menos serio:
el juez Eduardo Farah, subrogante en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y
designado especialmente para hacerse cargo del juicio por los Pozos de Banfield
y Quilmes, se excusó de continuar participando para poder atender debidamente a
su señora madre, de 86 años, paciente internada en un geriátrico, con una
operación de cadera y problemas psiquiátricos. Sus compañeros de subrogancia,
los jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, aceptaron el apartamiento
con el argumento de que “contribuirá a una mejor y más pronta
administración de justicia”. Eso significa que habrá que esperar a que la
Cámara de Casación designe otro juez subrogante, al cual le coincida la agenda
en época de pandemia para que primero se interiorice del expediente y luego se
sume a la discusión pendiente con las partes sobre cómo y cuándo se iniciará el
debate “Banfield-Quilmes y en qué condiciones.
Quizás habría que recordarles a sus
señorías que el primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield
fue elevada a juicio en marzo de 2012, es decir hace más de 8 años, y debe ser
uno de los expedientes de lesa humanidad que más tiempo ha tardado en ser
iniciado como debate oral en toda las jurisdicciones federales del país. A ese
primer tramo se le sumó luego la elevación a juicio en 2015 de los delitos
cometidos en el Pozo de Quilmes, más tarde un segundo tramo por Banfield en
2017, este con mayor cantidad de imputados que el primero, y la elevación
pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018. De
esta manera la causa, hoy denominada “Unificada Banfield-Quilmes”, quedó a
disposición del TOF 1 platense hace años. Entre la lenta instrucción del
expediente y la espera con las causas elevadas a juicio hubo episodios para
todos los gustos: el jefe del Pozo de Banfield, el represor Juan Miguel Wolk,
se profugó un tiempo con ayuda de su hija policía, el médico Héctor Vidal se
escondió de la indagatoria en un entretecho de su propia casa, se otorgaron
domiciliarias, se vencieron prisiones preventivas y varios responsables de la
jerarquía militar como Héctor Gamen murieron impunes.
Los jueces Farah, Venditti y Rodríguez Eggers han realizado varios
juicios orales de lesa humanidad en la jurisdicción de San Martín, desde donde fueron
designados para cubrir el bache del TOF platense. Pero en la lógica de los
magistrados ninguna de las dilaciones en la causa Banfield-Quilmes parece pesar
más que la salud de la anciana madre de un magistrado que cobra el sueldo
suficiente como para cubrir la asistencia privada privilegiada que la convaleciente
necesita.
Pero además resulta que las excusas de
Farah ni siquiera cuadran en los motivos formales que establece el código
Procesal para que los jueces se inhiban, ya que el artículo 55 plantea como
motivos válidos motivos de inhibición haber intervenido previamente en el
expediente, tener parientes o afines con interés en el proceso, tener enemistad
o querellas previas con alguna de las partes, sufrir un juicio político, haber
cometido prevaricato o haber recibido dádivas de los imputados. Venditti y
Rodríguez Eggers saltaron ese escollo
argumentando que “si bien es cierto que este tipo de
situaciones no se encuentra comprendidas expresamente entre las causales
previstas por el art. 55 del ordenamiento de rito, lo cierto es que la
procedencia del instituto debe ser interpretada en forma amplia de conformidad
con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así privilegiaron las “apreciaciones de índole subjetiva que, valoradas
conforme a la lógica y la prudencia, dan cuenta de cierta afectación en la
función del juzgador”, lo que “contribuirá a una mejor y más pronta
administración de justicia”.
La administración de justicia en La Plata llevaba
ya un año y medio en curso con el debate por los crímenes cometidos en la
Brigada de Investigaciones de San Justo, que es un expediente trabajoso con 18
represores imputados y 84 víctimas, pero no si se lo compara con los procesos
que debían comenzar en nuestra ciudad en 2020, y que iban a coincidir en un
cuello de botella espinoso producto de lo que no se hizo con tiempo en su
momento y se quería realizar ahora en simultáneo. El 22 de abril iniciaba el
debate por el CCD de la sede central del Cuerpo de Infantería de La Bonaerense,
conocido como “1 y 60” y que tras dos audiencias preliminares no tiene fecha
cierta de comienzo. Los tiempos de 2020 apremian porque el 7 de septiembre
estaba previsto el inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en
la Brigada de Lanús con sede en
Avellaneda, conocida como "El Infierno", que incluye a 61 víctimas y
sólo 5 represores porque otros 3 murieron impunes - entre ellos el subjefe del
CCD - por la pereza judicial.
Respecto al juicio Banfield-Quilmes ni siquiera
hubo buena disposición del nuevo TOF1 subrogante. En audiencia preliminar de
comienzos de año se había conseguido la fecha del 5 de mayo para el comienzo.
Pero no fue fácil: los jueces Farah, Venditti y Rodrígez Eggers habían
planteado que se les complicaba viajar dos o tres veces a La Plata y dijeron
querer hacer el debate en San Martín y hasta dirigirlo por videoconferencia. Esto antes de la pandemia de la COvid-19. La negativa total
de las querellas dio vuelta esa postura mezquina de los jueces, ahora
corroborada con el apartamiento de Farah. Según el doctor, venir a presidir el
juicio implicaba “retacear significativamente” su compañía a su madre y la
“contribución a su tratamiento y a la contención personal que ella misma
reclama”. Seguramente acostumbrado a los privilegios no ha escuchado el doctor
Farah el reclamo de 40 años de los familiares y víctimas sobrevivientes de
Banfield y Quilmes que continúan buscando justicia por los suyos. Ni de lxs
compañerxs que han quedado en el camino en esta lucha, como Adriana Calvo, Virginia
Ogando, Nilda Eloy y tantas otras luchadoras que dejaron parte de su vida en
esos campos de concentración y no pudieron presenciar el debate y la condena Aunque
sea a un puñado de sus verdugos.
Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio
Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben
continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos
sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los
procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.
POR JUICIOS
ORALES Y PÚBLICOS REALES YA!
CUIDANDO LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO
A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA
Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO
PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE
BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE
DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!
