COMUNICADO DE JUSTICIA YA LA PLATA
Por Justicia Ya La Plata
El
6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en la sala de audiencias de la Cámara
Federal de La Plata la audiencia preliminar prevista en las causas por los CCD
Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes. Habrá importantes definiciones antes de fin
de año para lo que será uno de los debates por delitos de lesa humanidad más
importantes a realizarse en 2020.
El Tribunal Oral Federal
1 de La Plata realizó la audiencia preliminar en el juicio por los CCD Pozo de
Banfield y Pozo de Quilmes, formalmente las causas Nº 737, 605 y 3399, que tras
más de siete años de demora procesal y a más de 40 años de producidos los
hechos finalmente se realizará en 2020.
El tribunal platense no
tiene jueces titulares designados y en su lugar están subrogando los cargos
tres magistrados de San Martín, el ex camarista federal porteño Eduardo Farah,
el integrante del Tribunal Oral Nº2, Walter Venditti, y el integrante del
Tribunal Oral 4 Esteban Rodríguez Eggers.
La audiencia se realizó
con la presencia de varios sobrevivientes y querellantes, así como de los
fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, de las querellas de Justicia
Ya La Plata-Asociación Anahí, la APDH-CTA-UNLP, la LADH-UDDHH, Abuelas de Plaza
de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos
Aires, y de los abogados defensores de los genocidas imputados en los
expedientes.
El juez Farah condujo la audiencia, anunció la ausencia del juez Rodríguez
Eggers, y propuso un temario de diez puntos para ordenar el debate, que será
extenso y de gran complejidad por la cantidad de hechos, víctimas e imputados
que comporta. Así se desechó el planteo de cuestiones preliminares y se evaluó
la posibilidad de realizar una síntesis de la lectura de los requerimientos de
elevación en las audiencias iniciales, con lo cual la mayoría de las partes
estuvo de acuerdo siempre que mencione los nombre de todos los compañero y
compañeras casos en este juicio, el rol y funcionamiento de los CCD en cuestión
y la acusación por el delito de Genocidio.
Además las defensas de los represores adelantaron
que ninguno de sus defendidos va a declarar en las indagatorias iniciales, se
remitirán a escucharan la prueba testimonial y luego ampliarán.
Por otro lado se abordó uno de
los temas más arduos como es la conformación de una lista única de testigos, que en
principio serían unas 400 personas, y que el tribunal sugirió discernir entre testigos
absolutamente indispensables, otros con posibilidad de ser desistidos y otros
cuyo testimonio puede ser incorporado por lectura o por registro audiovisual. La
cuestión comenzó espinosa porque el propio tribunal presentó un listado de
testigos desprolijo, con reiteración de víctimas, producto de la evidente
unificación dispar de listados diversos y hasta con citación a personas
detenidas-desaparecidas.
Desde Justicia Ya y otras querellas se insistió en
exigir al tribunal un criterio de citación que respete el orden cronológico de
los hechos y que sea amplio respecto a la incorporación por lectura, para que
las víctimas que ya han testimoniado varias veces puedan expresar si quieren
volver a declarar. Este punto es importante porque en otros juicios ha habido estrecheces
varias en ese sentido y no se ha tenido plenamente en cuenta el efecto de
revictimización que implica la reiteración innecesaria de testimonios crudos y
emotivos. También desde Justicia Ya y la LADH se rechazó el planteo de la
fiscalía de dividir las testimoniales con criterio temático, como ser los casos
“embarazadas”, “noche de los lápices”, “uruguayos”, etc. Ello en base a defender una modalidad
de recepción de testimonios que dé cuenta en su complejidad del plan
sistemático de represión y por el error que puede significar un tratamiento
especial a casos paradigmáticos. Desde Justicia Ya se planteó además la
necesidad de habilitar la posibilidad de que estén presentes las víctimas en todas
las audiencias, incluso previo a su declaración, o bien que declaren al inicio
del debate para poder presenciarlo completo.
Respecto a la posible fecha de inicio del juicio, según los calendarios
de los abogados de las distintas partes, se planteó la exigencia de no dilatar
más el inicio del debate teniendo en cuenta que son hechos que ocurrieron hace
más de 40 años, que el primer tramo de la causa por el Pozo de Banfield se
elevó en 2012 y que la impunidad biológica corre a favor de los genocidas ya
que muchos de ellos fallecen antes de recibir condena.
Otro de los puntos polémicos fue el lugar de realización del juicio, ya
que hubo trascendidos de que el tribunal pretendía trasladar las audiencias a
San Martín. Por unanimidad las querellas plantearon que debate debe realizarse
en La Plata, por razones históricas, jurídico-procesales, por la necesidad de
las víctimas querellante, y hasta por cuestiones logísticas, ya que tal
iniciativa implicaría el traslado de las partes, de personal del tribunal y de
documentación de la causa. Los jueces Farah y Venditti dijeron que ya hay una
sala acondicionada en San Martín y esbozaron la posibilidad de que, por sus
compromisos en otras causas, sólo esté presente físicamente un magistrado que
presida las audiencias y el resto sigan las alternativas por videoconferencia.
Desde las querellas se rechazó ese planteo y se recordó que los juicios vienen
presentando una característica cada vez más testimonial, sin presencia de los
imputados en las audiencias, y que la propuesta de “magistrados a la distancia”
violenta el principio de inmediatez, que requiere presencia física de
los jueces y no que los testigos que esperaron 40 años para declarar lo hagan
ante un pantalla de video. Además las querellas mencionaron que si la sala de
la Cámara Federal platense donde habitualmente se desarrollan los juicios quedara chica existe un convenio de la
cámara federal platense con el Teatro Argentino
para utilizar una sala más amplia, o bien la posibilidad de una sala grande en
la Universidad de La Plata.
Respecto al cronograma semanal del juicio las querellas plantearon la
necesidad de que se estipulen dos días de audiencia por semana con cumplimiento
estricto de los horarios de inicio, para mejor continuidad del debate y en
función de una celeridad general del proceso. En principio no hubo oposiciones
al planteo.
También se reclamaron precisiones en el traslado, acompañamiento y protección
de víctimas y testigos, en base a la tarea del Codesedh, el centro Ulloa, y
otros programas de protección de víctimas de que normalmente están acreditados
por la justicia para esa tarea.
Un punto que despertó
la oposición de las defensas de los genocidas fue el reclamo de la presencia de
todos los imputados en todo el debate, la actualización de informes médicos
sobre los represores y la suspensión del beneficio de la prisión domiciliaria
que gozan la mayoría de ellos. Si remarcó que el criterio etario no es
suficiente para sostener aquellos beneficios y que en todo caso es
responsabilidad del Estado que los represores hayan llegado viejos al juicio. Recordemos
que varios de los represores, como el jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel
Wolk, estuvieron prófugos antes de responder a la justicia. Además se pidió que
se acumule al debate el tramo de la causa contra el represor Alberto Julio
Candioti, procesado en las investigaciones por las Brigadas de Investigaciones
de Banfield, Quilmes y San Justo, y que como estuvo prófugo por más de un año entre 2012 y
2013, las acusaciones en su contra aún no han sido levadas a juicio.
Sobre la publicidad el debate se exigió que el tribunal garantice la transmisión en vivo por el canal CIJTV,
excepto en los casos en que los testigos manifiesten previamente que no quieren
que sea televisado.
Las propuestas planteadas por las partes serán
respondidas antes de fin de año. El tribunal informó que la prueba suplementaria será completada los
primeros días de marzo próximo, con lo cual se va formalizando la fecha de
inicio entre marzo y abril 2020.
