viernes, 23 de octubre de 2020

ANTE EL INICIO DEL JUICIO UNIFICADO: COMUNICADO DE JUSTICIA YA LA PLATA

Juicio Unificado Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y CCD “Infierno”

TRES LUGARES DE MUERTE

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Tras varias dilaciones y contramarchas este martes 27 de octubre comienza el debate oral en las causas por los CCD Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de Lanús, conocido como “El Infierno”. Será un juicio unificado de causas que instruyeron por separado y en las que varios genocidas murieron impunes y otros fueron apartados. Será uno de los debates más extensos e importantes de los que se han realizado en La Plata, y allí estará presente la memoria de lucha de nuestras compañeras Nilda Eloy y Adriana Calvo.

 

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dará inicio al debate oral por los crímenes cometidos en los CCD Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y “El Infierno”, formalmente las causas Nº 737, 605, 3399 y 189, que con años de demora procesal y a más de 44 años de producidos los hechos finalmente comenzará el 27 de octubre.

Tras varias reuniones preliminares presenciales y virtuales, se decidió que las audiencias se realicen todos los días martes a partir de las 10 horas, aunque la modalidad no está clara y se irá viendo en el transcurso del juicio, de acuerdo a la evolución de la pandemia del Covid-19. Desde la querella de Justicia Ya reiteramos la solicitud de que los testigos declaren por vía presencial, excepto en los casos en que no se pueda porque vivan en el exterior o que no puedan desplazarse por razones de la pandemia.

Además se definió que en las primeras audiencias se leerá un resumen de  las elevaciones a juicio. Nuestra querella acordó resumir la lectura de las imputaciones siempre que mencione los nombres de todos los compañeros y compañeras que son caso en este juicio, el rol y funcionamiento de los CCD en cuestión y la acusación por el delito de Genocidio. En esta primera etapa también se realizarán las indagatorias de los represores, que en este sentido todas las defensas habían adelantado que los genocidas no iban a hablar en esta instancia. Dada la complejidad de las causas y la cantidad de hechos que contemplan esta etapa inicial llevará varias audiencias hasta fin de año.

Otro de los acuerdos  que hubo que refrendar expresamente fue que los casos sean tratados de forma cronológica, para que se tenga una idea cabal de lo que significaron los campos de detención clandestina a través de los años, sus diferentes períodos y los diversos grupos de detenidos que pasaron por allí. Recordamos que en el proceso hay aproximadamente 500 testigos y se comenzará con los hechos ocurridos en los años ´74 y ´75.

También se garantizó el traslado, acompañamiento y protección de víctimas y testigos, en base a la tarea del Codesedh, el centro Ulloa, y otros programas de protección de víctimas de que normalmente están acreditados por la justicia para esa tarea.

Desde nuestra querella hemos reclamado la actualización de informes médicos sobre los represores y la suspensión del beneficio de la prisión domiciliaria que gozan la mayoría de ellos. Recordemos que varios de los represores, como el jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Wolk, estuvieron prófugos antes de responder a la justicia.

Sobre la publicidad del debate se determinó la transmisión en vivo por el sitio del poder judicial www.cij.gov.ar y su canal de youtube, excepto en los casos en que los testigos manifiesten previamente que no quieren que sea televisado.

 

DEMORAS Y UNIFICACIONES

Las causas que conforman este juicio sufrieron dilaciones varias y diversas contramarchas. En un principio se habían unificado los tramos elevados de Banfield y Quilmes y finalmente en septiembre pasado se le sumó la causa por “El Infierno”. Desde Justicia Ya La Plata celebramos la unificación de las causas para la realización de un solo juicio oral, pero no dejamos de señalar el conjunto de dilaciones que vienen sufriendo los procesos contra los genocidas en La Plata y en todo el país.
El primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield fue elevada a juicio en marzo de 2012, es decir hace más de 8 años, y debe ser uno de los expedientes de lesa humanidad que más tiempo ha tardado en ser iniciado como debate oral en toda las jurisdicciones federales del país. A ese primer tramo se le sumó luego la elevación a juicio en 2015 de los delitos cometidos en el Pozo de Quilmes, más tarde un segundo tramo por Banfield en 2017, este con mayor cantidad de imputados que el primero, y la elevación pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018. De esta manera la causa, hoy denominada “Unificada Banfield-Quilmes”, quedó a disposición del TOF 1 platense hace años. Entre la lenta instrucción del expediente y la espera con las causas elevadas a juicio hubo episodios para todos los gustos: el jefe del Pozo de Banfield, el represor Juan Miguel Wolk, se profugó un tiempo con ayuda de su hija policía, el médico Héctor Vidal se escondió de la indagatoria en un entretecho de su propia casa, se otorgaron domiciliarias, se vencieron prisiones preventivas y varios responsables de la jerarquía militar como Héctor Gamen murieron impunes.
Respecto a la “unificada Banfield-Quilmes” ni siquiera hubo buena disposición de la versión del TOF 1 que en audiencia preliminar de comienzos de 2020 había dictado la fecha del 5 de mayo para el inicio del juicio. Los jueces Eduardo Farah, Venditti y Rodrígez Eggers habían planteado que se les complicaba viajar dos o tres veces a La Plata para las audiencias y manifestaron su voluntad de realizar el debate en San Martín y hasta dirigirlo a la distancia por videoconferencia. Esto antes de la pandemia del Covid-19. La negativa total de las querellas dio vuelta esa postura mezquina de los jueces, luego corroborada con el apartamiento de Farah en junio pasado. Según el doctor Farah venir a presidir el juicio implicaba “retacear significativamente” la compañía que pudiera darle a su madre enferma y la “contribución a su tratamiento y a la contención personal que ella misma reclama”. Finalmente Farah fue reemplazado por el juez Andrés Basso, a su vez sustituido a fines de julio pasado por el juez Basílico.

Es que el expediente por el CCDTyE “Infierno” se elevó a juicio en mayo de 2017 incluyendo a 8 represores por 62 víctimas. Desde su elevación a la fecha, murieron impunes el subjefe del Comando del Primer Cuerpo del Ejército Jorge Olivera Rovere, el militar y ex subjefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la Brigada de Lanús, Rómulo Ferranti y en julio pasado el jefe máximo del CCD, Bruno Trevisán. La causa por “El Infierno” iba a ser juzgada por otra versión del TOF1 integrada por Ricardo Basílico Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, pero decidieron deshacerse del expediente.

En definitiva en los procesos por los tres CCD, “Infierno”, Banfield y Quilmes, se pueden apreciar claramente las limitaciones de los juicios de lesa humanidad que se han realizado hasta el momento. Su desarrollo unificado será a 44 años de los hechos, garantizando la “impunidad biológica” para los genocidas, como también con falta de justicia para los compañeros y compañeras que murieron sin llegar a declarar en audiencia pública. En el camino de los tres expedientes se dejó de lado una inmensa cantidad de genocidas fuera del proceso como así también de víctimas que no fueron incluidas.
El “Pozo de Banfield” era la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en calle Vernet N° 1276, esquina Siciliano en el partido de Lomas de Zamora. Por allí pasaron más de 300 personas entre los años ’74 y ’78. En el expediente por este CCD, que se elevó en dos tramos distintos, hay imputados 5 policías bonaerenses, incluido el Director General de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz y el médico policial Héctor Bergés, 11 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y el ministro de Gobierno Jaime Smart, imputados por unas 300 víctimas.

El “Pozo de Quilmes” fue la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en un chalet de dos plantas en la esquina de Alison Bell y Garibaldi. Por este CCD hay imputados 5 policías bonaerenses, incluidos Etchecolatz y el jefe de la Brigada Lucas Belich, 8 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de otras reparticiones militares y el ministro de Gobierno Jaime Smart. Todos ellos por unas 242 víctimas.

En ambas causas murieron impunes varios represores como Rodolfo Campos, Faustino Svencionis, Ricardo Von Kyaw, Juan María Torino, Gustavo Cacivio y Héctor Gamen, y fueron apartados por “motivos de salud” otros genocidas como Miguel Ángel Amigo y Ricardo Fernández. Hasta última instancia antes del iniciado del debate se están desarrollando pericias psiquiátricas a varios represores que pretenden zafar del juicio.

El CCDTyE “El infierno” funcionó en pleno centro de Avellaneda, en la calle 12 de octubre N°234, donde hoy funciona un Espacio Municipal de la Memoria. Por el lugar, sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús (URIIBIL), pasaron más de 64 personas entre julio del ’76 y noviembre del ‘78. La causa se inició con el testimonio de la compañera Nilda Eloy de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, denunciando haber sobrevivido a la privación ilegal de la libertad, torturas y delitos sexuales. Por “El Infierno” serán juzgados el Director de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ministro de Gobierno Jaime Smart, el director de Investigaciones “Zona Metropolitana” Juan Miguel Wolk y el cabo de guardia de la Brigada, Miguel Ángel Ferreyro.

En estos años la justicia federal en su conjunto ha demorado en escuchar el reclamo de 40 años de los familiares y víctimas sobrevivientes de Banfield, Quilmes y “El Infierno” que continúan buscando justicia por los suyos. Ni de los familiares que quedaron en el camino como Virginia Ogando que murió buscando a su hermano apropiado, o las ex detenidas como Adriana Calvo y Nilda Eloy que dejaron parte de su vida en esos campos de concentración y no pudieron presenciar el debate y la condena aunque sea a un puñado de sus verdugos.
Por su memoria de lucha estaremos participando de este juicio oral y público gritando:

 

-Basta de dilaciones en los juicios a los genocidas.

-Por debates orales y públicos, cuidando la salud de los trabajadores de la justicia y de los testigos-sobrevivientes.

-Juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

-Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas.

-No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

-30 MIL COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!





UNIFICAN LOS JUCIOS POR LOS CCDTYE POZO DE BANFIELD, POZO DE QUILMES Y “EL INFIERNO”

 https://juiciobanfieldquilmesinfierno.blogspot.com/2020/10/unifican-los-jucios-por-los-ccdtye-pozo.html

martes, 30 de junio de 2020

MÁS DEMORAS EN EL JUICIO POR LOS POZOS DE BANFIELD Y QUILMES

POBRE MI MADRE QUERIDA

El debate por los dos principales CCD del conurbano sur, las Brigadas de Investigaciones de Banfield y Quilmes, que cuenta con una veintena de represores imputados y más de 400 víctimas como caso, volvió a sufrir una postergación. Al parate judicial planteado por las complicaciones de la pandemia de la Covid-19 y a la amenaza de debates totalmente virtuales, se le sumó ahora la excusación de uno de los jueces que debía moderar el juicio. El doctor Eduardo Farah se apartó de la causa porque debe cuidar a su madre de 86 años internada con problemas motrices y psiquiátricos lo cual, según él, sería “un impedimento moral jurisprudencialmente admitido”. Más dilaciones del Estado que garantizan la impunidad de los peores crímenes de nuestra historia.




Por HIJOS La Plata

Los juicios contra los genocidas responsables del Terrorismo de Estado durante la última dictadura y el tercer gobierno peronista vienen siendo lentos, se sabe. Muchos de los debates de lesa humanidad que debían retomar sus audiencias o dar inicio este año quedaron en suspenso por la declaración mundial de la pandemia por la Covid-19 y la sanción local en marzo pasado de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio, que produjo un parate judicial total. Un impasse en un panorama de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios, que llevan más de 40 años de reclamo social de justicia y más de 14 de actividad judicial efectiva. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
Ahora se suma un elemento que no por desopilante es menos serio: el juez Eduardo Farah, subrogante en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y designado especialmente para hacerse cargo del juicio por los Pozos de Banfield y Quilmes, se excusó de continuar participando para poder atender debidamente a su señora madre, de 86 años, paciente internada en un geriátrico, con una operación de cadera y problemas psiquiátricos. Sus compañeros de subrogancia, los jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, aceptaron el apartamiento con el argumento de que “contribuirá a una mejor y más pronta administración de justicia”. Eso significa que habrá que esperar a que la Cámara de Casación designe otro juez subrogante, al cual le coincida la agenda en época de pandemia para que primero se interiorice del expediente y luego se sume a la discusión pendiente con las partes sobre cómo y cuándo se iniciará el debate “Banfield-Quilmes y en qué condiciones.
Quizás habría que recordarles a sus señorías que el primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield fue elevada a juicio en marzo de 2012, es decir hace más de 8 años, y debe ser uno de los expedientes de lesa humanidad que más tiempo ha tardado en ser iniciado como debate oral en toda las jurisdicciones federales del país. A ese primer tramo se le sumó luego la elevación a juicio en 2015 de los delitos cometidos en el Pozo de Quilmes, más tarde un segundo tramo por Banfield en 2017, este con mayor cantidad de imputados que el primero, y la elevación pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018. De esta manera la causa, hoy denominada “Unificada Banfield-Quilmes”, quedó a disposición del TOF 1 platense hace años. Entre la lenta instrucción del expediente y la espera con las causas elevadas a juicio hubo episodios para todos los gustos: el jefe del Pozo de Banfield, el represor Juan Miguel Wolk, se profugó un tiempo con ayuda de su hija policía, el médico Héctor Vidal se escondió de la indagatoria en un entretecho de su propia casa, se otorgaron domiciliarias, se vencieron prisiones preventivas y varios responsables de la jerarquía militar como Héctor Gamen murieron impunes.
Los jueces Farah, Venditti y Rodríguez Eggers han realizado varios juicios orales de lesa humanidad en la jurisdicción de San Martín, desde donde fueron designados para cubrir el bache del TOF platense. Pero en la lógica de los magistrados ninguna de las dilaciones en la causa Banfield-Quilmes parece pesar más que la salud de la anciana madre de un magistrado que cobra el sueldo suficiente como para cubrir la asistencia privada privilegiada que la convaleciente necesita.

Pero además resulta que las excusas de Farah ni siquiera cuadran en los motivos formales que establece el código Procesal para que los jueces se inhiban, ya que el artículo 55 plantea como motivos válidos motivos de inhibición haber intervenido previamente en el expediente, tener parientes o afines con interés en el proceso, tener enemistad o querellas previas con alguna de las partes, sufrir un juicio político, haber cometido prevaricato o haber recibido dádivas de los imputados. Venditti y Rodríguez Eggers  saltaron ese escollo argumentando que “si bien es cierto que este tipo de situaciones no se encuentra comprendidas expresamente entre las causales previstas por el art. 55 del ordenamiento de rito, lo cierto es que la procedencia del instituto debe ser interpretada en forma amplia de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así privilegiaron las “apreciaciones de índole subjetiva que, valoradas conforme a la lógica y la prudencia, dan cuenta de cierta afectación en la función del juzgador”, lo que “contribuirá a una mejor y más pronta administración de justicia”.
La administración de justicia en La Plata llevaba ya un año y medio en curso con el debate por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, que es un expediente trabajoso con 18 represores imputados y 84 víctimas, pero no si se lo compara con los procesos que debían comenzar en nuestra ciudad en 2020, y que iban a coincidir en un cuello de botella espinoso producto de lo que no se hizo con tiempo en su momento y se quería realizar ahora en simultáneo. El 22 de abril iniciaba el debate por el CCD de la sede central del Cuerpo de Infantería de La Bonaerense, conocido como “1 y 60” y que tras dos audiencias preliminares no tiene fecha cierta de comienzo. Los tiempos de 2020 apremian porque el 7 de septiembre estaba previsto el inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en la  Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocida como "El Infierno", que incluye a 61 víctimas y sólo 5 represores porque otros 3 murieron impunes - entre ellos el subjefe del CCD - por la pereza judicial.
Respecto al juicio Banfield-Quilmes ni siquiera hubo buena disposición del nuevo TOF1 subrogante. En audiencia preliminar de comienzos de año se había conseguido la fecha del 5 de mayo para el comienzo. Pero no fue fácil: los jueces Farah, Venditti y Rodrígez Eggers habían planteado que se les complicaba viajar dos o tres veces a La Plata y dijeron querer hacer el debate en San Martín y hasta dirigirlo por videoconferencia. Esto antes de la pandemia de la COvid-19. La negativa total de las querellas dio vuelta esa postura mezquina de los jueces, ahora corroborada con el apartamiento de Farah. Según el doctor, venir a presidir el juicio implicaba “retacear significativamente” su compañía a su madre y la “contribución a su tratamiento y a la contención personal que ella misma reclama”. Seguramente acostumbrado a los privilegios no ha escuchado el doctor Farah el reclamo de 40 años de los familiares y víctimas sobrevivientes de Banfield y Quilmes que continúan buscando justicia por los suyos. Ni de lxs compañerxs que han quedado en el camino en esta lucha, como Adriana Calvo, Virginia Ogando, Nilda Eloy y tantas otras luchadoras que dejaron parte de su vida en esos campos de concentración y no pudieron presenciar el debate y la condena Aunque sea a un puñado de sus verdugos.
Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.

POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS REALES YA!
CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!




miércoles, 1 de enero de 2020

30 DE DICIEMBRE: SE ESTABLECE FECHA PARA EL INICIO DEL JUICIO

COMIENZA EL 5 DE MAYO EN LA PLATA
Por Justicia Ya-La Plata

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata puso fecha de inicio al debate por los CCD Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes para el 5 de mayo de 2020 y fijó que las audiencias se realicen en La Plata. Será uno de los debates por delitos de lesa humanidad más importantes a realizarse en 2020.

Sobre el filo de la feria judicial el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata resolvió varias de las cuestiones planteadas por las partes el 6 de diciembre pasado en la audiencia preliminar del juicio por los CCD Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, formalmente las causas Nº 737, 605 y 3399, que tras más de siete años de demora procesal y a más de 40 años de producidos los hechos finalmente dará inicio el año que viene.
Así el TOF fijó fecha de inicio del juicio para el 5 de mayo de 2020 a las 9 hs y estableció que se realizará en la sala de audiencias de los Tribunales Federales de La Plata, tras varios rumores sobre la pretensión de los jueces de San Martín de trasladarlo a esa jurisdicción.
El tribunal platense no tiene jueces titulares designados y en su lugar están subrogando los cargos tres magistrados de San Martín, el ex camarista federal porteño Eduardo Farah, el integrante del Tribunal Oral Nº2, Walter Venditti, y el integrante del Tribunal Oral 4 Esteban Rodríguez Eggers.
En la audiencia preliminar las querellas plantearon la exigencia de no dilatar más el inicio del debate teniendo en cuenta que son hechos que ocurrieron hace más de 40 años, que el primer tramo de la causa por el Pozo de Banfield se elevó en 2012 y que la impunidad biológica corre a favor de los genocidas ya que muchos de ellos fallecen antes de recibir condena.
Otro de los puntos polémicos fue el lugar de realización del juicio, ya que hubo trascendidos de que el tribunal pretendía trasladar las audiencias a San Martín. En la audiencia previa las querellas plantearon que el debate debe realizarse en La Plata, por razones históricas, jurídico-procesales, por la necesidad de las víctimas querellantes, y hasta por cuestiones logísticas, ya que tal iniciativa implicaría el traslado de las partes, de personal del tribunal y de documentación de la causa. Los jueces Farah y Venditti habían dicho que ya hay una sala acondicionada en San Martín y habían esbozado la posibilidad de que, por sus compromisos en otras causas, sólo esté presente físicamente un magistrado que presida las audiencias y el resto sigan las alternativas por videoconferencia. Desde las querellas se rechazó ese planteo y se recordó que los juicios vienen presentando una característica cada vez más testimonial, sin presencia de los imputados en las audiencias, y que la propuesta de “magistrados a la distancia” violenta el principio de inmediatez, que requiere presencia física de los jueces y no que los testigos que esperaron 40 años para declarar lo hagan ante un pantalla de video. Finalmente se impusieron las razones de las querellas y el debate se hará en los Tribunales Federales de La Plata, calle 8 y 50, desde el 5 de mayo de 2020.
El juicio será extenso y de gran complejidad por la cantidad de hechos, víctimas e imputados que comporta. En principio hay unos 400 testigos ofrecidos por las partes y para lograr mayor celeridad se acordó la posibilidad de realizar una síntesis de la lectura de los requerimientos de elevación en las audiencias iniciales, siempre que se mencione los nombre de todos los compañeros y compañeras casos en este juicio, el rol y funcionamiento de los CCD en cuestión y la acusación por el delito de Genocidio.
Desde Justicia Ya y otras querellas se insistió en exigir al tribunal un criterio de citación que respete el orden cronológico de los hechos y que sea amplio respecto a la incorporación por lectura, para que las víctimas que ya han testimoniado varias veces puedan expresar si quieren volver a declarar. Este punto es importante porque en otros juicios ha habido estrecheces varias en ese sentido y no se ha tenido plenamente en cuenta el efecto de revictimización que implica la reiteración innecesaria de testimonios crudos y emotivos. También desde Justicia Ya se rechazó el planteo de la fiscalía de dividir las testimoniales con criterio temático, como ser los casos “embarazadas”, “noche de los lápices”, “uruguayos”, etc. Ello en base a defender una modalidad de recepción de testimonios que dé cuenta en su complejidad del plan sistemático de represión y por el error que puede significar un tratamiento especial a casos paradigmáticos. La querella de Justicia Ya se planteó además la necesidad de habilitar la posibilidad de que estén presentes las víctimas en todas las audiencias, incluso previo a su declaración, o bien que declaren al inicio del debate para poder presenciarlo completo.

domingo, 15 de diciembre de 2019

06 DICIEMBRE: AUDIENCIA PRELIMINAR.

COMUNICADO DE JUSTICIA YA LA PLATA

 Por Justicia Ya La Plata




El 6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en la sala de audiencias de la Cámara Federal de La Plata la audiencia preliminar prevista en las causas por los CCD Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes. Habrá importantes definiciones antes de fin de año para lo que será uno de los debates por delitos de lesa humanidad más importantes a realizarse en 2020.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata realizó la audiencia preliminar en el juicio por los CCD Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, formalmente las causas Nº 737, 605 y 3399, que tras más de siete años de demora procesal y a más de 40 años de producidos los hechos finalmente se realizará en 2020.
El tribunal platense no tiene jueces titulares designados y en su lugar están subrogando los cargos tres magistrados de San Martín, el ex camarista federal porteño Eduardo Farah, el integrante del Tribunal Oral Nº2, Walter Venditti, y el integrante del Tribunal Oral 4 Esteban Rodríguez Eggers.
La audiencia se realizó con la presencia de varios sobrevivientes y querellantes, así como de los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, de las querellas de Justicia Ya La Plata-Asociación Anahí, la APDH-CTA-UNLP, la LADH-UDDHH, Abuelas de Plaza de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos Aires, y de los abogados defensores de los genocidas imputados en los expedientes.
El juez Farah condujo la audiencia, anunció la ausencia del juez Rodríguez Eggers, y propuso un temario de diez puntos para ordenar el debate, que será extenso y de gran complejidad por la cantidad de hechos, víctimas e imputados que comporta. Así se desechó el planteo de cuestiones preliminares y se evaluó la posibilidad de realizar una síntesis de la lectura de los requerimientos de elevación en las audiencias iniciales, con lo cual la mayoría de las partes estuvo de acuerdo siempre que mencione los nombre de todos los compañero y compañeras casos en este juicio, el rol y funcionamiento de los CCD en cuestión y la acusación por el delito de Genocidio.
Además las defensas de los represores adelantaron que ninguno de sus defendidos va a declarar en las indagatorias iniciales, se remitirán a escucharan la prueba testimonial y luego ampliarán.
Por otro lado se abordó uno de los temas más arduos como es la conformación de una lista única de testigos, que en principio serían unas 400 personas, y que el tribunal sugirió discernir entre testigos absolutamente indispensables, otros con posibilidad de ser desistidos y otros cuyo testimonio puede ser incorporado por lectura o por registro audiovisual. La cuestión comenzó espinosa porque el propio tribunal presentó un listado de testigos desprolijo, con reiteración de víctimas, producto de la evidente unificación dispar de listados diversos y hasta con citación a personas detenidas-desaparecidas.

Desde Justicia Ya y otras querellas se insistió en exigir al tribunal un criterio de citación que respete el orden cronológico de los hechos y que sea amplio respecto a la incorporación por lectura, para que las víctimas que ya han testimoniado varias veces puedan expresar si quieren volver a declarar. Este punto es importante porque en otros juicios ha habido estrecheces varias en ese sentido y no se ha tenido plenamente en cuenta el efecto de revictimización que implica la reiteración innecesaria de testimonios crudos y emotivos. También desde Justicia Ya y la LADH se rechazó el planteo de la fiscalía de dividir las testimoniales con criterio temático, como ser los casos “embarazadas”, “noche de los lápices”, “uruguayos”, etc. Ello en base a defender una modalidad de recepción de testimonios que dé cuenta en su complejidad del plan sistemático de represión y por el error que puede significar un tratamiento especial a casos paradigmáticos. Desde Justicia Ya se planteó además la necesidad de habilitar la posibilidad de que estén presentes las víctimas en todas las audiencias, incluso previo a su declaración, o bien que declaren al inicio del debate para poder presenciarlo completo.
Respecto a la posible fecha de inicio del juicio, según los calendarios de los abogados de las distintas partes, se planteó la exigencia de no dilatar más el inicio del debate teniendo en cuenta que son hechos que ocurrieron hace más de 40 años, que el primer tramo de la causa por el Pozo de Banfield se elevó en 2012 y que la impunidad biológica corre a favor de los genocidas ya que muchos de ellos fallecen antes de recibir condena.
Otro de los puntos polémicos fue el lugar de realización del juicio, ya que hubo trascendidos de que el tribunal pretendía trasladar las audiencias a San Martín. Por unanimidad las querellas plantearon que debate debe realizarse en La Plata, por razones históricas, jurídico-procesales, por la necesidad de las víctimas querellante, y hasta por cuestiones logísticas, ya que tal iniciativa implicaría el traslado de las partes, de personal del tribunal y de documentación de la causa. Los jueces Farah y Venditti dijeron que ya hay una sala acondicionada en San Martín y esbozaron la posibilidad de que, por sus compromisos en otras causas, sólo esté presente físicamente un magistrado que presida las audiencias y el resto sigan las alternativas por videoconferencia. Desde las querellas se rechazó ese planteo y se recordó que los juicios vienen presentando una característica cada vez más testimonial, sin presencia de los imputados en las audiencias, y que la propuesta de “magistrados a la distancia” violenta el principio de inmediatez, que requiere presencia física de los jueces y no que los testigos que esperaron 40 años para declarar lo hagan ante un pantalla de video. Además las querellas mencionaron que si la sala de la Cámara Federal platense donde habitualmente se desarrollan los juicios quedara chica existe un convenio de la cámara federal platense  con el Teatro Argentino para utilizar una sala más amplia, o bien la posibilidad de una sala grande en la Universidad de La Plata.

Respecto al cronograma semanal del juicio las querellas plantearon la necesidad de que se estipulen dos días de audiencia por semana con cumplimiento estricto de los horarios de inicio, para mejor continuidad del debate y en función de una celeridad general del proceso. En principio no hubo oposiciones al planteo.
También se reclamaron precisiones en el traslado, acompañamiento y protección de víctimas y testigos, en base a la tarea del Codesedh, el centro Ulloa, y otros programas de protección de víctimas de que normalmente están acreditados por la justicia para esa tarea.
Un punto que despertó la oposición de las defensas de los genocidas fue el reclamo de la presencia de todos los imputados en todo el debate, la actualización de informes médicos sobre los represores y la suspensión del beneficio de la prisión domiciliaria que gozan la mayoría de ellos. Si remarcó que el criterio etario no es suficiente para sostener aquellos beneficios y que en todo caso es responsabilidad del Estado que los represores hayan llegado viejos al juicio. Recordemos que varios de los represores, como el jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Wolk, estuvieron prófugos antes de responder a la justicia. Además se pidió que se acumule al debate el tramo de la causa contra el represor Alberto Julio Candioti, procesado en las investigaciones por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y San Justo, y que como estuvo prófugo por más de un año entre 2012 y 2013, las acusaciones en su contra aún no han sido levadas a juicio.
Sobre la publicidad el debate se exigió que el tribunal garantice la transmisión en vivo por el canal CIJTV, excepto en los casos en que los testigos manifiesten previamente que no quieren que sea televisado.
Las propuestas planteadas por las partes serán respondidas antes de fin de año. El tribunal informó que la prueba suplementaria será completada los primeros días de marzo próximo, con lo cual se va formalizando la fecha de inicio entre marzo y abril 2020.